Participando de la 2do Foro Panamericano de Jóvenes Políticos que tiene lugar en CABA del 10 al 12 julio 2024, en la fecha un miembro de CASPPA y amigos de los detenidos en la U34 del SPF hizo entrega de la nota adjunta para dictamen en algunas de las comisiones constituidas al representante de la Ministerio de Seguridad de Nación que participaba del evento en nombre de la Ministro de Seguridad.
Esa proposición es un aporte al debate y a la política de Estado, pero también para que el Poder Ejecutivo Nacional tome conocimiento que pese a ser victimas de los DDHH por parte del Estado argentino continuamos como siempre lo hicimos de contribuir con el bienestar del país y pensando en su futuro. CASPPA FRANCE.
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PROYECTO DE DICTAMEN DE COMISIÓN
Vista la situación de violación de los ddhh y políticos de las personas que se encuentran detenidas en cárceles argentinas y prisiones domiciliarias, imputadas, procesadas o condenadas por su supuesta participación en la represión a las organizaciones armadas terroristas que actuaron en la República Argentina durante las décadas de los años sesenta y setenta, entre los que se cuentan 3746 implicados, 1161 muertos en cautiverio y demás datos que se consignan al pie el presente texto, cuya fuente, como puede verse, es la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad; atendiendo a las denuncias de las organizaciones que representan a los detenidos, sus abogados defensores y a las expresadas individualmente, donde manifiestan testigos falsos, juicios-farsa, prevaricato, interpretaciones ilegales de la ley penal, delitos cometidos en el pago indebido de indemnizaciones, trato inhumano y degradante, incumplimiento de las leyes argentinas y de los Tratados, Pactos, Convenciones y Protocolos de ddhh, a los cuales la República Argentina ha suscripto, y otras situaciones; es necesario, fundamentalmente para evitar que continúen muriendo ancianos y enfermos en cárceles, que el gobierno nacional argentino y las fuerzas políticas, con el apoyo de los países que adhieran a esta propuesta de cese de violaciones a los ddhh, promuevan las acciones legislativas, políticas y ejecutivas necesarias para cerrar las puertas a los juicios de la venganza, erróneamente denominados “por delitos de lesa humanidad” y convocar a la firma de un nuevo contrato social adecuado al tiempo histórico actual y a la situación en el contexto de las naciones, contrato social en el que no pueden estar excluidas la promoción de la paz en el mundo y el respeto por la dignidad y la libertad humana.
Opiniones divergentes soluciones necesarias por el futuro de la República Argentina.
Cerrar la herida de los 60 y70, construir un nuevo contrato social, de lo contrario seremos testigos de la implosión de la sociedad argentina.
Poner en práctica una estrategia de influencia en dos etapas simultaneas:
Sensibilizar la comunidad internacional ante la OEA, ONU, UE con las representaciones diplomáticas, los agregados militares, agregados culturales. La diplomacia parlamentaria ¿Porque la Argentina necesita cerrar esas heridas y pensar en el futuro? Preparar una hoja de ruta común que todos utilizaran para sus presentaciones. Por el nivel de diálogos que ello requiere y por los interlocutores a entrevistar es de importancia nombrar un embajador itinerante, o una personalidad encargada de esa misión, para transmitir e influenciar, con el objetivo de encontrar una solución a un pasado conflictivo.
El acompañamiento a nivel nacional con personalidades representativas del mundo cultural, deportivo, artístico, periodistas, medios. Rol esencial de los medios y de la Secretaria de Medios. Recordar los principios del envejecimiento activo de la ONU, las garantías convencionales del artículo 75.22 y sobretodo el artículo 75.23 de la CN.
Asignar por Decreto del PEN un reconocimiento político de alto nivel al conflicto de los 70. El impacto de ello no es solamente jurídico, sino también político y sobre todo ante la comunidad internacional. El ejemplo del gobierno francés es el más próximo al caso argentino del 76-83 ya que el ejecutivo de entonces reconoció por ley 99-882 del 18octubre1999 el conflicto interno armado que hubo en Argelia como una guerra para finalizar con esa deuda que hasta ese momentos se hablaba de: los sucesos de Argelia, las intervenciones en operaciones de mantenimiento del orden, las operaciones de policía, las operaciones en África del Norte, acciones de pacificación...La justicia luego simplemente hace referencia a la ley 99-882 que habla de una guerra. Se blinda la acción del Estado, el monopolio de la violencia ejercida. Toda inculpación en ese contexto se transforma en delito político relativo (Vidal, Georges in Cours de droit crimminel et de science pénitentiaire. Ed. Arthur Rosseau, 1902, argumento que se utilizó para negar la extradición del Sr. Roberto Bravo desde Estados Unidos). El Estudio de impacto para justificar los hechos como una guerra será de utilidad para otro acto legislativo.
Ante la presencia y manifestaciones de opositores a los proyectos legislativos, decisiones constitucionales del PE, resoluciones judiciales los que tienen como objetivo poner fin a la situación judicial de los ex agentes del Estado de los 70, es esencial efectuar el requerimiento de una Opinión Consultiva ante la Corte Internacional de Justicia dentro de los parámetros previstos en los artículos 55 y 56 de la Carta de la ONU para darle legalidad internacional a los actos del gobierno o justificar porque no puede continuar en un procedimiento contra el orden jurídico internacional (CIJ: Opinión Consultiva del 30marzo1950 y segunda fase el 18julio1959: Interpretación de los Tratados de Paz (Bulgaria, Hungría, Rumanía), requerimiento de la AG-ONU formulado por resolución del 22oct1949, sobre los artículos 55 y 56 en cuanto el respeto de los derechos humanos en esos países). El recurso de certeza ante la CSJN puede ser la otra solución.
Las acusaciones por atentar contra los derechos humanos y las libertades fundamentales formuladas contra Bulgaria, Hungría, Rumanía, se referían a la igualdad ante la ley; a la protección contra la detención y la prisión arbitrarias, al derecho de ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial; al derecho de circular libremente; a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; a la libertad de opinión y de expresión; a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; al derecho de participar en el gobierno y en las funciones públicas del país, y a los derechos sindicales.
La importancia de disponer de estos útiles estratégicos que hacen a la Política de Estado en Defensa, Seguridad, Diplomacia Pública.
Ley de Programación Militar: En un universo de permanente fractura tecnológica, de rearme, de amenazas multiformes, de contestaciones explicitas de los principios del derecho internacional, la Ley de Programación Militar (LPM) debe tener como ambición construir un modelo de fuerzas armadas renovadas y preparadas para hacer frentes a esos objetivos. La LPM es un proyecto político y militar de transformación, al servicio de la Nación en defensa de su soberanía y autonomía estratégica. Previsto por 5 o 6 años, revisable todos los años o en caso de urgencia operacional. Sirve al control del gasto público, previsibilidad en las políticas públicas, destina fondos a la investigación y desarrollo, promueve la industria de la defensa, se analiza en los aspectos de la economía de la defensa. Los actores participantes son los que realizan los equilibrios financieros en los programas de armas, compras, construcciones…La LPM se divide en varios ítems, personal, programas militares, funcionamiento….
Libro Blanco de la Defensa: fija la política de defensa y el continuum de la seguridad nacional por un periodo entre 5 y 6 años tomando en cuenta los riesgos y amenazas de toda naturaleza y bajos todas sus formas (económicas, militares, industriales, científicas, diplomáticos), que hacen a los intereses estratégicos de la Nación y que necesitan una repuesta global a esos desafíos. Es un documento de diplomacia pública y de referencia para el conjunto de los actores responsables de la programación y de la planificación de los recursos. El LBD constituye el documento esencial de la estrategia de defensa argentina por los años futuros como también para las diversas políticas que la componen como, por ejemplo: la política de defensa, estrategia militar, estrategia tecnológica e industrial, política de recursos humanos…
“No debe ser un manual de propaganda, de adoctrinamiento, una hoja de ruta ideológica del gobierno, como se observa en el último documento argentino que lleva ese título”.
Para el desarrollo de estos proyectos se puede solicitar consejeros técnicos europeos que un gobierno de esa región pone a disposición ante las autoridades nacionales, es decir en el parlamento, en los ministerios concernientes o en la presidencia la nación. El consejero europeo con experiencia en esos temas acompaña los responsables en esos ámbitos, hace de intermediario con el gobierno que lo envía para los aspectos de cooperación bilateral, financiamiento, diplomacia pública -privada, puede ejercer en el país, realizar misiones puntuales o a distancia participar activamente con el jefe del proyecto argentino.
Buenos Aires, 11 de Julio 2024.
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